Cantabria carece de una norma específica para hacer inspección mecánica de puestos de feria

«Para entenderlo bien, digamos que tenemos la ley que dice qué hay que hacer pero nos falta el decreto que diga cómo hacerlo», explica el presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Cantabria, Fernando Rodríguez Puertas. Sólo algunas comunidades, como Galicia, ha regulado ya sobre la materia. En 2023 publicó el decreto que especifica los controles de calidad que deben superar estas instalaciones. Una ristra de normas y certificados que vienen a poner negro sobre blanco lo que es necesario para afirmar que una estructura de estas características es segura. En Cantabria, por ahora, podría decirse que la responsabilidad recae directamente sobre el propietario de la máquina.

La 'ITV' de las ferias

Todas estas infraestructuras, según cuenta uno de estos profesionales, pasan anualmente una revisión técnica. «Viene a ser una cosa parecida a la ITVdel coche», certifica Rodríguez Puertas. «Lo que se hace es seguir las especificaciones del fabricante y verificar que todo está en condiciones para que siga funcionando», concreta el experto. Es algo que suele realizar un Organismo de Control Autorizado (OCA), una entidad que ha sido habilitada por la administración para verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en productos e instalaciones industriales.

Más allá de eso, cada vez que el montaje se realiza en un lugar diferente, ha de contar con un certificado de instalación eléctrica. La normativa nacional obliga a cumplir con el reglamento electroténico de baja tensión. Es un requerimiento del Ministerio de Industria que en las comunidades tramita la Dirección General de Industria. «Son las condiciones técnicas que garantizan que hay una seguridad eléctrica, pues es el mayor peligro que tienen estas instalaciones itinerantes», concreta el representante de los ingenieros industriales. En este caso concreto de Castro Urdiales, el Gobierno de Cantabria certifica que el certificado estaba expedido y que todo estaba en regla. «Lo tenían todo bien y en regla», aseguran fuentes de la Dirección General de Industria.

Este es un trámite que obliga al feriante a contratar por su cuenta a un ingeniero o a un técnico electrónico que verifique la instalación. Unos trabajos que tienen un coste de unos cien euros por cada intervención. Una vez comprobado el aparato eléctrico, es el consistorio el que verifica que todo lo demás está bien. Pero lo hace sin contar con una normativa que le diga cómo hacerlo. No se especifica qué tipo de profesional ha de comprobarlo, qué puntos ha de inspeccionar, si deben ser estructurales, mecánicos o de cualquier otra índole. Si basta con una revisión ocular o debe ser más pormenorizada.

«Nosotros lo que podemos decir es que tenemos toda la documentación, los permisos y todo lo necesario para el funcionamiento de la feria, que está en regla y que lo hemos remitido todo a la Guardia Civil que es la que está llevando la investigación», confirmó ayer el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Castro Urdiales, Gorka Linaza.

«No criminalizar al feriante»

«Nuestro ingeniero municipal, como hace siempre, se personó en el lugar e inspeccionó la instalación para comprobar que todo estaba bien. Lo que ocurre es que luego pueden suceder accidentes y no por ello hay que criminalizar a los feriantes», aclara Linaza.

Ayer la alcaldesa de la localidad, Susana Errán, celebró que las chicas accidentadas están dadas de alta y bien. «Nos hemos llevado un susto tremendo, pero por fortuna todo el mundo está bien. Para todo lo demás lo único que podemos hacer es remitirnos a la investigación de la Guardia Civil», concretó en un contexto en el que muchos vecinos recuerdan la fatídica muerte hace unos días de una niña de dos años por una descarga eléctrica en una atracción de feria en Murcia.

Lo que sucesos como este ponen de relieve es la necesidad de contar con normas que sirvan para comprobar con mayor certeza la seguridad de estas instalaciones. La actual norma dice en su artículo 13 que se velará por la «seguridad para el público asistente, trabajadores, ejecutantes y bienes, determinando expresamente el aforo». También que se comprobarán las «condiciones de solidez de las instalaciones portátiles o desmontables, estructuras eventuales y de funcionamiento de las mismas». Se revisarán la «prevención y protección de incendios y demás riesgos inherentes a la actividad, facilitando la accesibilidad de los medios de auxilio externo». La ley enumera otra serie de medidas que desglosan propósitos pero sin aterrizarlos al plano práctico. Por eso añade como preámbulo de toda esta lista que «estas condiciones comprenderán necesariamente las que se determinen en desarrollo de esta ley y además, las previstas en el resto del ordenamiento jurídico aplicable».

La norma cántabra también obliga a estos profesionales itinerantes a tener suscrito un contrato de seguro por la cuantía mínima prevista en esta ley, para cubrir su responsabilidad civil por daños a los concurrentes y otros terceros que puedan ocasionarse. También obliga a que estas instalaciones portátiles o desmontables cuyo aforo sea superior a 400 personas deban disponer de personal de vigilancia encargado del buen orden. Y obliga a que cualquier tipo de feria de estas características deberá precisar de una autorización municipal. Además, le corresponderá a los municipios comprobar la adecuación de las instalaciones al proyecto presentado por los interesados.

Según lo comunicado por el Ayuntamiento de Castro Urdiales, todos estos pasos se habían cumplido, todo estaba en orden; pero todo ello no pudo evitar el accidente que afortunadamente quedó sólo en un susto.