Jueces y fiscales cántabros van hoy a la huelga: «Creo que aquí habrá mucho seguimiento»
Representantes de cinco asociaciones de jueces y fiscales protestan desde mañana, martes, por los proyectos legislativos del Gobierno, que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal
Los jueces y fiscales de Cantabria de cinco asociaciones están llamados a sumarse este martes al primero de los tres días de huelga convocados en ... protesta por los proyectos legislativos del Gobierno, que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal y a pesar de que el Pleno del Consejo General del Poder judicial acordó por unanimidad que este paro carecía de base legal.
Las asociaciones convocantes de la huelga son la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Todas ellas consideran que tanto el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, como el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal «comprometen gravemente» la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal« y denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.
Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defiende que «ni una sola línea» de la reforma judicial afecta a la independencia de jueces y fiscales y tacha de «infundadas» las críticas de las asociaciones contra estas leyes.
Ante la convocatoria de huelga, el Ministerio de Justicia solicitó al CGPJ que se pronunciara sobre la legalidad de este paro, como hizo en febrero de 2009, cuando resolvió que los jueces no tienen derecho a esa medida de protesta. Y el Pleno del CGPJ acordó por unanimidad el pasado jueves que el ejercicio del derecho a huelga de jueces y magistrados carece, por el momento, de soporte normativo y, por tanto, «no procede» tenerla por anunciada ni tampoco fijar servicios mínimos al carecer de competencia para ello.
A pesar de este pronunciamiento, las asociaciones han decidido continuar con la convocatoria de huelga, ya que consideran que se trata de «una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, de la independencia judicial y de las condiciones profesionales».
La portavoz en Cantabria de Foro Judicial Independiente (FJI), Patricia Bartolomé, cree que en la región «habrá mucho seguimiento» de la huelga, teniendo en cuenta que hay muchos jueces que pertenecen a los dos asociaciones mayoritarias en España, APM y AJFV. La problemática con la que se encuentra, en su caso, como decana de los Juzgados de Torrelavega, es que este martes entran en funcionamiento los tribunales de instancia. Pero aun así respalda la decisión de ir a la huelga.
Su homóloga de la APM, Nuria Perchín, coincide en que en Cantabria «va a haber un seguimiento importante de la huelga», teniendo en cuenta que la reforma que plantea el Gobierno «se carga la independencia del poder judicial». «Muchos compañeros de carrera están ya muy hartos de las sucesivas reformas», apunta la magistrada, que lamenta que se quiera «trastocar» un principio fundamental de nuestra carrera.
El portavoz de la AJFV en Cantabria, Luis Enrique García, tiene más dudas sobre el seguimiento que hagan en la región los jueces y fiscales y prevé que será mayor en los municipios que en Santander. Además, quiso dejar claro que esta huelga, en su caso, le va a suponer una pérdida de «unos 800 euros» por los tres días de paro. «Aun así creo que es muy necesaria. Luego a ver si sirve de algo», señaló.
Cantabria pone en marcha este martes siete tribunales de instancia
Cantabria pone en marcha este martes los primeros siete tribunales de instancia contemplados en la ley de eficiencia de la Justicia con el fin de transformar la planta judicial para integrar todos los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única organización en cada partido judicial.
Los partidos judiciales que se verán afectados con el cambio son los de Castro-Urdiales, Laredo, Medio Cudeyo, Reinosa, San Vicente de la Barquera, Santoña y Torrelavega. En Santander, habrá que esperar a finales de año para su puesta en marcha.
Además, entran en funcionamiento 89 Oficinas de Justicia en el Municipio, correspondientes a los partidos judiciales de esta primera fase.
La consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno cántabro, Isabel Urrutia, ha valorado los trabajos realizados en estos seis meses por su departamento, en colaboración con todos los colectivos judiciales, y que han permitido el cumplimiento de los «exigentes plazos impuestos» por la ley orgánica.
En este objetivo, ha destacado la «buena sintonía y coordinación» con la que se ha desarrollado este proceso de transición con el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), jueces y magistrados, y con la Secretaria de Gobierno y los letrados de la Administración de Justicia, así como con el resto de colectivos judiciales de la región.
Frente a esto, Urrutia ha criticado la «dejación de funciones» del Ministerio de Justicia en este proceso de implementación, dado que se ha limitado «a actuar como si fuera una comunidad más», dedicada a implantar los cambios en su zona de competencia, «sin realizar una verdadera función de apoyo, impulso y coordinación» a las autonomías con competencias de medios personales y materiales en la materia.
Además, la consejera de Justicia ha resaltado el esfuerzo económico realizado por Cantabria para la puesta en marcha de la ley, que ha salido «en su totalidad de presupuesto autonómico» y supondrá una inversión total superior a los 2 millones de euros. «Es una prueba más del absoluto abandono en el que el Ministerio ha dejado a las comunidades autónomas», ha subrayado Urrutia, que ha reprochado al Gobierno nacional la falta de ayudas para la remodelación de espacios y adaptación de sedes y para otros aspectos. Del mismo modo, ha denunciado que los cántabros «pagarán por una doble vía» esta reforma: por la parte correspondiente a Cantabria y la parte proporcional de las comunidades que son de competencia del Ministerio. «Cantabria cumple y ha conseguido llegar a tiempo pese a la falta de colaboración del Ministerio», ha opinado Urrutia, quien ha valorado, al mismo tiempo, que la comunidad no haya tenido que hacer uso de la posibilidad de prorrogar la puesta en marcha de la primera fase de implantación frente a lo planteado por otras autonomías españolas.
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