Los registradores hablan de «avalancha» de solicitudes de alojamientos turísticos

Datos desde los Registros. En la zona centro de Santander, 526 solicitudes. En otra demarcación de la capital, otras 268 (104 en junio). Como ejemplo, sin salir de la ciudad, los 600 alojamientos que, estiman, deben apuntarse en otro distrito. Van 200 códigos, un tercio. «Hay más en zonas donde hay mucho turismo. Lo estamos viendo en Santander, San Vicente, Potes...», amplía la decana autonómica, Ana Julia Marlasca. «Esto surge de un reglamento de la UE y la finalidad es dotar al mercado de la vivienda de mayor seguridad jurídica. Se acude a los Registradores porque se trata de un organismo fiable que colabora con las administraciones nacional, regional y local respetando la reserva de competencia de cada una. Se comprueba que no hay obstáculos jurídicos en los libros registrales y que se cumplen los requisitos regionales o locales», explica. «Se genera un número provisional automáticamente, y luego se revisa. Si no se cumple, ese número no se convierte en definitivo». Marlasca aclara, además, que a partir de julio será obligatorio para poder anunciarse, «pero eso no significa que no pueda hacerse después de esa fecha».

El asunto, en todo caso, está levantando polvareda. Desde la Asociación de Viviendas de Uso Turístico entienden que la medida «invade competencias autonómicas», genera una «duplicidad de registros» y se basa en un decreto «con falta de base legal suficiente». Así, se alinean con los recursos que han presentado comunidades «como Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y Canarias», así como distintas asociaciones sectoriales. Y supondrá pérdidas. «No sólo por lo que dejen de ganar los propietarios. También por sueldos que se dejarán sin pagar, dinero que no se gastará en los destinos o empleos que están en juego», asegura Jaime Paino, presidente del colectivo. «Gran parte de la oferta legal no está pudiendo ser inscrita» y se fomentará «la economía sumergida», destacan.

«El gran problema es que no hay un criterio concreto y en cada registro solicitan cosas distintas», denuncia Paino, que habla de «órdenes contradictorias» y no entiende como el Gobierno regional «permanece pasivo» ante la invasión de competencias. Desde el Decanato de Registradores –aseguran que van a reunirse con la Asociación estos días– no comparten esta idea. Primero, porque «las normativas municipales no son siempre idénticas» (ponen como ejemplo la de Castro, donde sólo se permiten alquileres de este tipo en plantas bajas o primeros pisos) y, «por la propia aplicación del principio de legalidad». Por ejemplo, dos pisos en un mismo edificio pueden estar en situaciones distintas según la fecha en que se presentara la declaración responsable, «porque las fechas pueden suponer cambios en las normativas». «Son –explica Marlasca– supuestos similares, pero no idénticos, con distinta clasificación jurídica».