El horario de la Zona de Bajas Emisiones de Santander será de lunes a viernes y hasta las siete de la tarde

Uno de los puntos más importantes tiene que ver con la delimitación de los puntos de Santander que se verán afectados por la ZBE, un área que deben fijar los municipios españoles de más de 50.000 habitantes. Sin embargo, en el documento que ha publicado el equipo de gobierno del PP en su página web no se determina. En concreto, pone en el escrito: «Pendiente de presentación y aprobación del Proyecto de Zona de Bajas Emisiones de Santander».

Una circunstancia que ha provocado las críticas de Vox, que ha ido un paso más allá y ha solicitado la suspensión de la consulta ciudadana, en la que vecinos y asociaciones pueden hacer sugerencias, «debido a la falta de documentación». Así lo explicó ayer la portavoz del partido, Laura Velasco, tras recibir la ordenanza y comprobar que el Anexo I «Delimitación de la Zona de Bajas Emisiones de Santander» no contiene la información necesaria y no está completa. «Hemos registrado un escrito al concejal del área para que se suspenda el plazo de diez días hábiles para consultas y opiniones de ciudadanos, organizaciones y asociaciones, hasta que se aporte la documentación pendiente».

«La alcaldesa decía que la ZBE no iba a cerrar el tráfico y que se decantaba por limitar la velocidad, pero ahora tras recibir la ordenanza hay un anexo que sí lo señala, pero no se atreven a decir a los santanderinos cuales son las zonas que delimitarán», añadió. Y es que el pasado diciembre, la alcaldesa, Gema Igual, adelantó que «con la información recabada hasta el momento por los sensores que han estado desplegados por la ciudad», su intención no es restringir el tráfico ni crear una 'almendra central' que impida el paso de vehículos contaminantes. Su idea es detectar qué calles son las que registran más picos de contaminación y limitar en ellas la velocidad máxima e incluso cambiar los ciclos de los semáforos o instalar más en el caso de que haga falta.

La ZBE deberá aplicarse una vez aprobada una ordenanza que recoge el área delimitada y las sanciones a aplicar, en el caso de que se incumpla lo que fije esa regulación. Hay que recordar que su implantación es obligatoria en las ciudades con más de 50.000 habitantes desde enero de 2023. Ese es el plazo legal, sin embargo, los municipios que aún no la han establecido tienen hasta finales de 2025 para hacerlo si desean evitar sanciones y la pérdida de ayudas estatales. Por ejemplo, las que tienen que ver con las ayudas al transporte, que el Ayuntamiento prolongará a partir del 1 de julio, aunque aún está por determinar el porcentaje de descuento del billete.