La nueva ley ambiental promete acortar tiempos y trámites sin reducir controles

«La Administración no puede ser un estorbo», defendió el consejero Roberto Media, que garantiza que la reducción de tiempos y trámites no traerá consigo la reducción de controles. El Ejecutivo defiende que en el proyecto de ley se conjuga la defensa del medio ambiente y la salud pública -sin bajar el nivel de exigencia- con «procesos más razonables que no supongan un obstáculo insalvable».

Aunque el texto legal es mucho más profundo, se pretende hacer con dos procedimientos distintos en función de la complejidad y los posibles impactos de la actuación. En las más simples –Media puso el ejemplo de una explotación ganadera de menos de 100 vacas–, bastará con que el propietario y el técnico que ha realizado el proyecto presenten una declaración ambiental responsable en su municipio. Es decir, el mismo sistema que introdujo la Ley de Simplificación para obras menores y aperturas de negocio. Así, serán los trabajadores municipales los que posteriormente deberán comprobar que se ha hecho lo prometido –el interesado no tendrá que esperar durante meses a la comprobación previa de la documentación–, bajo multas de hasta medio millón de euros y sanciones de inhabilitación para los técnicos.

Más profundo es el cambio para las actuaciones más complejas, desde la tramitación de plantas de biogás como la de Hazas de Cesto, la transición energética de Solvay, parques eólicos autonómicos o, volviendo al ámbito ganadero, explotaciones de más de 100 animales. Aquí, el primer cambio es que las solicitudes las asumirá directamente la Dirección General de Medio Ambiente y no los ayuntamientos, como ocurre ahora. Esto traerá «agilidad» porque ahora los municipios se encargan de recopilar informes sectoriales, consultar a los afectados y enviar posteriormente al expediente a la Dirección General, que si detectaba fallos debe devolver el dosier a la administración local para repetir el viaje. Esto ahorrará tiempo, igual que la eliminación de una Comisión que hasta este momento ratificaba el informe definitivo del funcionario. Eso desaparece.

Para que todo lo anterior –y otros muchos aspectos del proyecto de ley– entren en vigor es necesario que el Parlamento regional apruebe la norma. Dependerá de los grupos a los que Media tiende la mano. El consejero de Fomento considera que no habrá mayores problemas ya que el borrador, aunque ha sufrido modificaciones, se basa en uno anterior que dejó avanzado el bipartito. Además, tiene el visto bueno de agentes sociales y empresariales, así como del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Cantabria, que reúne a 60 colectivos. Además, recibió solo siete alegaciones en el trámite de información y han sido asumidas en su mayoría.

La Consejería adelanta que la ley tendrá adosada un Plan de Inspecciones porque «todos estos cambios no tendrán ningún sentido si no hay una vigilancia continua desde la administración para comprobar que no hay fraudes». A medio plazo, se incrementará el número de inspectores.