Registradas 27 peticiones para convertir locales en viviendas desde noviembre

Desde ese mes y hasta que terminó el año, al Consistorio llegaron ocho solicitudes. Mientras que en lo que va de 2025, concretamente hasta el 15 de abril, han sido diecinueve. Es por eso que, a juicio del concejal de Fomento y Vivienda, Agustín Navarro, no se puede intuir que exista «una tendencia», tal y como comentó el concejal de Izquierda Unida, Keruin P. Martínez, durante el último pleno municipal, en el que aprovechó el turno de ruegos y preguntas para conocer el «alcance de la decisión» que tomó el Ejecutivo regional hace ya seis meses.

Tras esa modificación, son los ayuntamientos los que tienen la responsabilidad de verificar las condiciones mínimas de habitabilidad, accesibilidad y salubridad en las viviendas, «especialmente en los cambios de uso de comercial a residencial», añadió Martínez, que también pidió esos datos para saber si esta «flexibilización normativa ha generado un incremento significativo de obras de rehabilitación en locales para pasar de uso comercial a residencial». Y es que, cree, muchas de ellas podrían estar orientadas al alquiler turístico, «en vez de a aumentar el parque de viviendas disponibles en nuestra ciudad», añadió.

Pero para justificar su postura, Navarro comparó las cifras del periodo en el que ya no existía la cédula con el mismo periodo del año anterior. Y suman 23. Es decir, son solo cuatro menos. «Que en todo Santander la diferencia sea solo de cuatro locales convertidos en vivienda, y que de eso se intuya una tendencia, es una intuición muy grande», reflexiona el titular de Vivienda. «Como administración pública debemos de defender el proceso de simplificación, por lo tanto cuando en noviembre el Gobierno de Cantabria decide anular la cédula de habitabilidad es porque existen otros órganos que cumplen la misma función o parecida», replica el edil.

En este caso, en el Ayuntamiento de Santander «existen dos controles». Por un lado está la licencia de obra, que se concede si se cumplen las especificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), las de habitabilidad residencial del Gobierno de Cantabria y todos los requerimientos del código técnico. En segundo lugar, existe la licencia de primera ocupación, «en la cual se pasa a comprobar que lo que venía en la licencia de obra es lo que existe».

Más allá de la disputa política entre Izquierda Unida y el equipo del PP durante el último pleno, es una realidad que este fenómeno se mantiene en los últimos años. En 2020, se tramitaron en Santander 36 licencias; en 2021, 33; y en 2022, otras 22 para ejecutar viviendas en bajos. Una situación que se explica por la transformación del sector comercial, notable también el capital cántabra. Y es que en el centro de las ciudades, los bajos comerciales vacíos son una realidad. Según explicó a El Diario Montañés hace menos de un año el presidente del Colegio de Aparejadores, Miguel Berrazueta, «el auge de los apartamentos turísticos en bajos comerciales está ligado a la dificultad de los propietarios para alquilar este tipo de locales».